Casi dos semanas después de que se iniciara la operación Astapa, comienzan a escucharse muchas voces solicitando la disolución del Ayuntamiento y la convocatoria anticipada de elecciones. Este es el caso del Bloque Nacionalista Andaluz. Sus miembros, quienes respetan la presunción de inocencia tanto de los concejales y técnicos encarcelados, han solicitado que ninguno de los ediles imputados formen parte del gobierno local, e insisten en que “el cuatripartito actual carece de sentido tras la puesta en marcha de la operación Astapa”. Asimismo reiteran que la vuelta a la normalidad en el Ayuntamiento esteponero pasa “por la celebración de elecciones anticipadas”, por lo que van a presentar una proposición para la disolución del Consistorio.
En la misma línea se ha mostrado la formación Convocatoria Los Verdes, quienes apuntan que “ningún concejal imputado debe seguir ostentando representación en el Ayuntamiento”, ya que, matizan, “ningún ciudadano, les votó con esa condición”. Algo a lo que añaden que la legitimidad moral de los políticos imputados está en entredicho.
Desde Ecologistas en Acción han culpado a las administraciones públicas y a los partidos políticos de la situación de corrupción, ya que “por dejadez, omisión o interés económico han dejado pasar la situación sin la intervención de Disciplina Urbanística”. También presentaron un informe sobre el desarrollo urbanístico en Estepona desde los años sesenta, afirmado que el problema no es de un grupo político sino del modelo de gestión actual…

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 Editorial DiarioSol

DESOLACIÓN, esa es la mejor manera de calificar el estado de ánimo de Estepona después de las tristes jornadas de los registros y las detenciones que dieron como fruto, entre otros, cinco autos de prisión. Tristeza que se palpaba en el ambiente y desolación, vecinos desorientados, preguntándose cómo había pasado esto en Estepona. Nadie habla de otra cosa hasta que en la noche del domingo se rompía el maleficio de cuartos de final y Estepona, como toda España, se hacía una fiesta en la que nadie comentaba ya nada de esa operación que hasta el nombre lo tiene feo. Dos paradas de Casillas y los goles de Villa, Cazorla, Senna y Fábregas cambiaron el semblante a un pueblo necesitado de alegría, de sentirse bien, de identificarse con un objetivo común, justo todo lo que se ha perdido en el Ayuntamiento. Y la calle fue un clamor, y el sentido patrio más profundo se desparramó por calles y plazas, el fútbol había conseguido el milagro, Estepona había vuelto a ser un municipio feliz, al menos durante unas horas. Y así ha continuado, aunque la realidad política y judicial sean tremendamente duras, la fiebre roja ha calado en todos los corazones. Camisetas, banderas un despliegue no programado que se ha apoderado de la ciudad y al que nadie quiere dejar de lado por tener, aunque sólo sea por eso, un punto de amarre para las ilusiones…

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La Plataforma Sociocultural Rosas Rojas de Estepona solicitó a la Junta de Andalucía que convierta en ‘prioritaria la propuesta de fiscalización de los convenios urbanísticos firmados en Estepona’, propuesta que fue aprobada por el pleno el 29 de diciembre de 2006.

Terra
Según el citado colectivo, ‘la Junta debe prestar apoyo y colaboración inmediata a la Justicia instando a través de una propuesta urgente a la Cámara de Cuentas de Andalucía a que integre en su plan de actuaciones la fiscalización de tasaciones y convenios urbanísticos para apoyar la investigación y conocer el alcance del presunto perjuicio económico creado al pueblo de Estepona después de saberse que, presuntamente, se vendían bienes por valor inferior al de mercado’.

El pleno aprobó en 2006 una moción de IU en la que se solicitaba la fiscalización por la Cámara de Cuentas de los diferentes convenios urbanísticos que hubieran promovido la modificación del vigente PGOU, así como de aquellos que se cerraron a cuenta del futuro PGOU. También se aprobó fiscalizar la enajenación de aprovechamientos municipales y el fin al que se destinó el dinero obtenido por estas ventas entre 2002 y 2006.

Según el ex alcalde socialista de Estepona y miembro de la plataforma Rosas Rojas, Miguel Castro, ‘esta propuesta coincide con lo manifestado por el consejero mayor de la Cámara de Cuentas, Rafael Navas, quién ha indicado que para detectar los delitos investigados en el caso ‘Astapa’ habría que hacer una fiscalización’…

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Habría que añadir los del 99-2001, pues Gil Marín aprovechó sistemáticamente, la figura de la “modificación de elementos” sobre el recién aprobado plan del 94; lo que motivó que la Junta advirtiera, durante el corto pero “fructífero” período de Antonio Caba (Toni Caba) en la alcaldía, a éste de que se estaba haciendo un “uso excesivo” de esta figura, ya que también el ex-primer edil socialista hizo gala de esta figura urbanísticas, tras el período del GIL, hasta su dimisión.

DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN TORNO A LOS DELITOS DE COMISIÓN POR OMISIÓN.

“Artículo 10.

Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley.

Artículo 11.

Los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la Ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción:

1. Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.

2. Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.”

ATC

Los indicios del juez Torres, primer instructor de la Operación Malaya, apuntando, como mínimo, responsabilidad civil a la Junta de Andalucía, al ostentar todas las competencias en Urbanismo y negándole la posibilidad de personarse en el caso como perjudicado, hubiesen estado avalados en pruebas si, por  aquel entonces, la Policía hubiese dispuesto de grabaciones y declaraciones de los confidentes, que se filtraron, durante los primeros días de la operación Astapa, asegurando y dejando de manifiesto que altos cargos de la Ejecutiva Regional del PSOE de Sevilla, estaban al tanto de las denuncias de estos denunciantes sobre la presunta corrupción en el Ayuntamiento. Al igual que, como ella misma ha reconocido, Marisa Bustinduy, alto cargo provincial del PSOE, también tuvo conocimientos de las denuncias pero le restó importancia a las mismas al no ver delito en ellas. Recordemos que este cargo socialista siempre avaló públicamente la gestión de Barrientos.

 El Código Penal del año 95, incorpora por primera vez de una forma nítida el delito de comisión por omisión, en sus artículos: 10 y 11. Hasta entonces muchas de estas imputaciones habían desembocado en problemas en relación al principio de legalidad. Pero  desde ese año, existen muchas sentencias del Supremo sobre estos delitos, basados en el nuevo código, si bien casi ninguna, al menos en el vínculo posterior que hemos adjuntado, están referidas al ámbito público.

  En el caso que nos ocupa, en el cual se habla de la comisión de varios delitos por parte de los imputados, 4 ó 5 en la mayoría de los casos; la omisión, a la espera de hacerse público todo el sumario y el desarrollo por fechas de los delitos que se imputan así como el grado de participación de los mismos, podría suponer la complicidad  de quienes pudieron tener conocimiento y no tomaron las medidas para evitarlo. Aunque esta complicidad sería rebajada en caso de que el resultado del delito ya se hubiera cometido antes de tener ellos conocimiento.

  Mientras esperamos todos esos datos que seguramente aparecerán en semanas sucesivas, para resumir podemos decir que, efectivamente, el hecho de conocer la posible perpetración de un delito no nos hace cómplices. Para ser cómplices por omisión el sujeto debe  tener la potestad, por su cargo, etc; de haber podido evitarlo o de poder haber puesto los medios para que no se consumara el delito.

   Por tanto si la Policía estuviere ahora investigando delitos cometidos tras haber tenido conocimiento de las irregularidades altos cargos del PSOE, podríamos hablar de la lógica aplicación de estos artículos del Código Penal. Suponemos, pues,  que al no existir ningún alto cargo provincial o regional citado a declarar, en principio, la Policía habría descartado su complicidad. En fin, estaremos a la espera de acontecimientos…

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 ATC

 Cuando se ponen en duda convenios urbanísticos cuyos aprovechamientos fueron vendidos a entre 750 y 850 euros, veamos tres convenios que malvendieron suelos de Estepona a precios cuatro veces más baratos, durante el Gobierno de Rosa Díez entre los años 2002-2003:  

  En Julio del año 2 .002, Rosa Díaz vendió 53.000 metros de aprovechamientos del Ayuntamiento en el Parque Central (suficiente para hacer mas de 500 viviendas sociales) a un precio de 30.000 pesetas el metro cuadrado. Por esa operación el Ayuntamiento recibió algo más de 1.500 millones de pesetas cuando el valor del mercado de esos a provechamientos era de más de 6.000 millones de pesetas (se vendió a 30.000 pesetas (180 euros) cuando su valor de mercado era superior a 100.000 pesetas) 600 euros.

  En Enero del año 2.003, Rosa Díaz vendió 27.000 metros de aprovechamientos del Ayuntamiento en el Marqués (suficiente para hacer 300 viviendas sociales) a un precio de  21.000 pesetas el metro cuadrado ( unos 120 euros). Sabían ustedes que el valor de mercado de esos aprovechamientos era de 90.000 pesetas el metro cuadrado (540 euros) (más del cuadruple). Se dejaron de cobrar 2.000 millones de pesetas de diferencia.

  Sabían ustedes que en el año 2002, Manuel Sánchez  Bracho (Rosa estaba en el Rocío Chico), vendió a Giovanni Piero Montaldo, que está procesado por la operación Malaya, porque dio comisiones  a los políticos de Marbella, 5.628 metros cuadrados de aprovechamientos a una media de 20.000 pesetas (120 euros) cuando su valor de mercado era de 150.000 pesetas (900 euros)?.  Se dejaron de cobrar o se regalaron más de 700 millones de pesetas.

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Los concejales afectados por la medida son el delegado de Hacienda, Francisco Zamorano; la responsable de Cultura y Fiestas, Asunción López; la edil de Educación, Mariví López; y la delegada de Playas, Marisa Rodríguez EUROPA PRESS El alcalde en funciones del Ayuntamiento de Estepona, Rafael Montesinos (PA), cesó hoy de sus cargos a los cuatro concejales socialistas que se negaron a entregar su acta de concejal tal y como les exigió el PSOE, tras la conocida como operación ‘Astapa’.

Las tres ediles y su compañero, que han sido expulsados del PSOE, pasarán a formar parte del grupo de concejales no adscritos y tendrán que dejar sus correspondientes delegaciones.

Según el escrito remitido por el Ayuntamiento, “las responsabilidades al frente de las delegaciones que hasta el momento han ostentado estos concejales les serán retiradas con efecto inmediato”…

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 Noticia publicada el 4 de abril de 2007

ATC

Según hemos podido saber a través de documentos que obran en nuestro poder, la candidata por Estepona 2007 podría haber malvendido terrenos municipales a precios muy por debajo del valor de mercado, durante su período de año y medio al frente del Ayuntamiento. Uno de esos convenios se llevó a cabo con Giovanni Piero Montaldo, procesado en la Operación Malaya por repartir presuntamente comisiones a los políticos locales. Se da la circunstancia de que Rosa Díaz pidió recientemente copia de todos los convenios del tripartito.

 Estepona 2002.

Julio:

 Rosa Díaz vendió 53.000 m2 de aprovechamientos del Ayuntamiento en el Parque Central (suficiente para hacer más de 5000 sociales) a un precio de 30.000 pesetas el metro cuadrado. Por esa operación el Ayuntamiento recibió algo más de 1500 millones de pesetas, cuando el valor de mercado de esos aprovechamientos era de más de 6.000 millones de pesetas. Pues el valor del metro cuadrado  era de 100.000 pesetas.

Agosto:

Manuel Sánchez Bracho vendió a Giovanni Piero Montaldo (procesado en la operación Malaya por dar comisiones a los políticos de Marbella) 5628 metros cuadrados de aprovechamientos a una medio de 20.000 pesetas cuando su valor de mercado era de 150.000 pesetas. 

 Estepona 2003.

Enero

En Enero de 2003 Rosa Díaz vendió 27.000 metros de aprovechamientos  del Ayuntamiento en el Marqués (suficiente para hacer 300 viviendas sociales) a un precio de 21.000 pesetas el metro cuadrado. Cuando el valor de mercado de esos aprovechamientos era de 90.000 pesetas el metro.

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ATC

Opinión 

Además de todo esto, Rosa Díaz (si de verdad es tan honesta como ella dice) debería de explicar a los esteponeros, cuáles fueron las razones que la llevaron a romper con el PP.  Todos los esteponeros deberíamos saberlo ya que el suceso está estrictamente relacionado con el ámbito público, no con el privado. Así es que, a ser honesta señora Rosa y a predicar con el ejemplo. 

ATC

El pasado 22 de Mayo, tres semanas antes de la operación Astapa, el PES denunció que uno de los asuntos que se llevaría a pleno al día siguiente el 23 de Mayo de 2008, escondía un pelotazo urbanístico. Según Manuel Reina, el convenio contempla la recalificación de suelo rústico a urbanizable en la zona de El Padrón para permitir la construcción de 1.000 viviendas, además de un complejo hotelero.

 Reina denunciaba también que el convenio “carezca del informe del jefe redactor del nuevo PGOU”, Enrique Bardají, quien “contempla en su propuesta de aprobación inicial estos suelos como no urbanizables”.

Así mismo, según dijo, “detrás de estos convenios está la Kutxa, muy vinculada a Valle Romano y ya sabemos todos la relación que tiene el alcalde con la empresa, así que de ahora en adelante veremos como se vuelven a patrocinar muchas actividades culturales por esta empresa”.

Reina señaló que “el coeficiente de edificabilidad es del 0,17 metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo cuando lo recomendable para la zona es el 0,12”. Además, según aseguró, el metro cuadrado de suelo se vende a sólo 54 euros.

Ante esta denuncia el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte (PSOE), aseguró que el convenio cuenta con todos los informes técnicos favorables y que cualquier actuación que se realice tendrá que contar siempre “con el apoyo expreso de la Junta de Andalucía”.

Respecto a la aportación económica de 8 millones de euros que da la empresa al Ayuntamiento, Duarte aseguró que es voluntaria./

  Hasta aquí esta información pero hagamos ciertas reflexiones:

1º- Manuel Reina fue quien consiguió renegociar la deuda con la Seguridad Social, y quien ha cumplido con este organismo en los cuatro años de legislatura anterior, pues cuando él cogió Hacienda, los ingresos por parte del Estado estaban bloqueados. Precisamente en Mayo de este año, un año después de esta nueva legislatura y en un Gobierno Municipal que no está el PES, el Gobierno volvió a negarle los ingresos del Estado al Ayuntamiento.

  Y esto es así a pesar de las tergiversaciones que algunos medios nacionales han hecho sobre este asunto. Pero hay más…

2º. Precisamentte qué casualidad, esta noticia pone de manifiesto cómo todos los partidos, excepto el PES, han malvendido aprovechamientos urbanísticos de Estepona. Con otros partidos en el Gobierno se vendieron terrenos con un valor de más de 600 euros (100 mil pesetas), a 120 euros: 20 mil pesetas, entre los años 2002-2003, entre otros casos a lo que hay que sumar éste convenio que se piensa vender a 54 euros o sea ni a 9.000 pts, el metro para construir.

 La prueba la tenemos en que en  uno de los convenios que la Policía investiga sobre aquellos cuatro años de co-gobierno PSOE y PES, en el cual el Urbanismo era del PSOE, fueron vendidos los aprovechamientos a, entre 750 y 850 Euros. Ahora volvemos a las andadas de nuevo con esta denuncia que hacía pública el edil del PES, cuyo concejal Reina nunca por cierto, ha gobernado ni tenido responsabilidades en el GIL.

3º. Hablando de la Operación Astapa, tanto la policía, con escuchas, como las declaraciones de los ediles mantienen que cargos socialistas de Sevilla conocían ya lo que estaba pasando desde, como mínimo, febrero de 2007 un mes de las pasadas elecciones municipales. ¿No es lógico pensar que, entonces, al tener conocimiento de los presuntos delitos que se estaban cometiendo en Estepona y no haberlos denunciado, se han convertido, pues, en cómplices aquellos que sí habían tenido conocimiento?

Continuará

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 ATC

 Dice  El País, en un artículo publicado recientemente, de título: “La gran familia de Estepona”, refiriéndose a las sucesivas oleadas de trabajadores contratados a dedo en Estepona:

“La primera la hizo el GIL, tras lograr la alcaldía entre 1995 y 1999. La segunda, que se acumuló a la anterior, la llevaron a cabo los partidos que desbancaron al gilismo, especialmente el PSOE y el PA, pero también los posgilistas del Partido Estepona (PES), cuyos votos sirvieron para hacer alcalde a Barrientos en 2003. Esta desmesurada plantilla es, en proporción, similar a la que lastra financieramente a la vecina Marbella tras quince años de gilismo. Desde la operación policial hay rumores de regulación de empleo. “Muchos no están fastidiados porque se haya robado en la ciudad, sino porque el chollo se acaba”, señala un cargo municipal.”

Desconocemos las fuentes en las que se habrá basado este diario para hacer tal afirmación, pero no se ajustan del todo a la realidad de lo que ha venido pasando en Estepona desde hace 30 años. Lo cierto  es que antes de 1991 fue el CDS quien metió la primera oleada de enchufados en el Ayuntamiento (se hablaba en el pueblo de más de cien) y por aquella época, además, entraban directamente a formar parte de la nómina del funcionariado, al no existir las empresas municipales, lo cual era aún más grave. Hasta entonces -año 1991-  el enchufe de trabajadores afiliados a los diferentes partidos  era por “goteo” constante tanto de PSOE, CDS o IU. Se llegó a contratar a futbolistas como policías locales, para que no dejaran el C.D. Estepona. Por esos años se produjo el primer gran pelotazo de la historia de Estepona: La Herencia Nadal y el timo de la Universidad.

   Posteriormente fue Miguel Castro, que ostentó el poder de 1991 a 1995 quien contrató,  directamente el último mes antes del día electoral, a más de 300 trabajadores (haciéndolos fijos), todos entraron a formar parte de la nómina del funcionariado también. Ante el empuje del GIL en dicha campaña, era una forma de comprar el voto que ha prevalecido desde hace 30 años en Estepona.

  Al contrario que estos dos casos, los trabajadores que luego enchufaría GIL a partir de 1995, (tercera oleada, no primera)  otros 300, no fueron incluídos en la nómina municipal, sino que entraron a formar parte de las empresas municipales, creadas entre otros, a tales efectos. Desde entonces hasta hoy, ningún partido puede decir que está libre de pecado y todo estaba ya inventado antes del GIL. Por cierto, hablando de familias en el Ayuntamiento, durante los primeros 6 ó 7 años de la democracia, existía una especie de pacto no escrito, por el cual era muy habitual contratar en el Ayuntamiento a familiares de los que ya eran funcionarios del antiguo régimen, conforme se iba necesitando para cubrir las vacantes de los que se iban jubilando. Después, a partir de 1985, tomarían el relevo los afiliados a los partidos y los familiares de los concejales, en lo que el partido socialista de Estepona es catedrático emérito, pues no creo que haya más familiares de todos los partidos juntos, trabajando en el Ayuntamiento, que sólo del PSOE.

  Pero, lo que de verdad es un escándalo es esto mismo pero en la Junta de Andalucía. Busque en este blog las entradas de “La Tela de Araña Andaluza” y así se enteran un poquito de lo que hay en la Junta.
 

  De estas corruptelas de la Junta, es decir de “la gran familia de Andalucía” no dice nada dicho diario. ¿Será porque la Junta esponsoriza varios programas de Cadena Ser Andalucía, desde los inicios de sus emisiones, en nuestra región, y sobre todo desde que esta emisora  absorbiera, para el Grupo PRISA, a Antena 3 de Radio, a principios de los 90 y cuyo litigio legal aún perdura?

 EFE

Málaga, 28 jun (EFE).- La jueza de la operación “Astapa” contra la corrupción urbanística en Estepona (Málaga) ha admitido a trámite el recurso contra el auto de prisión incondicional sin fianza respecto del concejal portavoz del Partido Estepona (PES) y ex integrante del GIL, José Ignacio Crespo, que se siente inocente.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, tramita este recurso de reforma, que es subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga, y lo ha trasladado al fiscal para que se pronuncie al respecto, según han informado a Efe fuentes cercanas a la defensa de Crespo, que confían en que la instructora cambie su decisión inicial.

El recurso se basa en que se desconocen las acusaciones que pesan sobre el edil ante la ausencia de fundamentos en el auto judicial por haber sido “borrados”, según las fuentes, que precisan que se les dice que les notificarán la resolución en su totalidad cuando se levante el secreto que pesa sobre el caso y que entonces se podría recurrir.

Las referidas fuentes cercanas a esta defensa han advertido a Efe de que tal consideración supone, a su juicio, “el reconocimiento de la indefensión que se produce”…

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Los letrados protestan por el margen del delito que, según ellos, hace que todo ciudadano sea susceptible de cometerlo

R. Tobelem / Málaga

 Los abogados han reaccionado con estupor a una nueva directiva que los obliga a vulnerar el secreto profesional y a denunciar cualquier actividad sospechosa de blanqueo de capitales llevada a cabo por sus clientes. Además, cuestionan la ampliación del concepto de blanqueo que, al criminalizar cualquier transacción que se haga con dinero de origen ilícito, ha pasado a tener en el punto de mira a todos los ciudadanos.

Éstas son algunas de las quejas y cuestiones planteadas en el I Congreso Nacional sobre la Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero que ha tenido lugar en Málaga organizado por el Colegio de Abogados y el Consejo General de la Abogacía Española, con la intervención de letrados penalistas y catedráticos en Derecho Penal.

“Se castiga igual al que blanquea un céntimo de euro que al que lo hace con miles de millones. No se puede acabar convirtiendo en persecución penal el taxista que tendría que preguntarse si el euro con el que le pagan tiene origen delictivo”, protestó el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela y relator de la sección penal del Congreso, Miguel Abel Souto…

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@Fátima Martín.-

26/06/200

La famosa partida de póker en la que Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, participó junto al presunto cerebro de Malaya, Juan Antonio Roca, forma parte ya de la leyenda cañí de la Costa del Sol. “fue una partida en una cacería una vez”, reconoció el empresario a El Confidencial. Ciertamente, se puede decir que Hidalgo ganó aquella partida: mientras el ex gerente de Urbanismo de Marbella sigue en prisión preventiva, Hidalgo vuela libre en medio de las turbulencias financieras y energéticas a bordo de su zepelín Globalia. “La Justicia no me ha llamado, ni me llamará”, declaró Hidalgo, rotundo, a este diario. El Caso Malaya no ha llamado a su puerta, pese a figurar en el sumario, pero Astapa sí podría hacerlo. Este periódico ha publicado que las investigaciones han puesto la lupa en un convenio sobre Herencia Nadal, una vasta finca en la que Hidalgo pretende construir un hotel de cinco estrellas y un apartahotel de 500 apartamentos. El empresario ha negado todo atisbo de ilegalidad en la operación.

“Es un tema de hace cuatro años. Compré aquello y me dijeron que podía construir. Pero todavía estoy esperando un convenio. Han dado preferencias a otros. La situación de ese suelo está peor que el primer día. No me he arruinado porque Dios no ha querido”, se quejaba el presidente de Globalia, que cifró en “más de 35.0000 millones de las antiguas pesetas” su inversión en Nadal…

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18:30 - 27/06/2008

El presidente del PP-A, Javier Arenas, reclamó hoy al presidente de la Junta, Manuel Chaves, que diga “cuanto antes” quién es “mister X” en Estepona y Marbella, en relación con los casos de irregularidades urbanísticas que se han producido en esas dos ciudades de la Costa del Sol malagueña.

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A, Javier Arenas, reclamó hoy al presidente de la Junta, Manuel Chaves, que diga “cuanto antes” quién es “mister X” en Estepona y Marbella, en relación con los casos de irregularidades urbanísticas que se han producido en esas dos ciudades de la Costa del Sol malagueña.

En declaraciones a Europa Press, Arenas manifestó que “nadie puede entender que el PSOE de Andalucía y la Junta supieran lo de Estepona y Chaves no se enterara”. “La Junta y el PSOE conocía de la A la Z la situación urbanísticas de Estepona”, dijo el dirigente del PP-A, para quien “Chaves está haciendo en Estepona, lo mismo que en Marbella, y cuanto antes debe decirnos quién es el mister X en Marbella y en Estepona”, sentenció…

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ATC

El convenio para el derribo, según manifestaciones de Brrientos por aquellas fechas, se estaba acordando con la Junta de Andalucía. Por cierto cuando se licitó la obra el prinicipal apoderado de la empresa era un ex-alto cargo socialista, que fue presidente de la Diputación de Sevilla/ 

El Ayuntamiento dio más edificabilidad a la empresa a cambio del derribo. Los gastos 1.200.000 euros han corrido a cargo del erario público porque así lo decidió la Justicia. ¿Eso cómo se explica?